Siendo servidor público, y sin tener las autorizaciones que ordena la ley, Carlos Mario Montoya Serna intervino una casa campestre de su propiedad, levantó un centro de eventos y lo abrió al público en noviembre de 2014. Hasta el momento no ha recibido una sola sanción y el 22 de junio de 2016 le pidió al Municipio de Rionegro el reconocimiento de la construcción en que montó su negocio, al que las autoridades le investigan si pagó los impuestos de Industria y Comercio.
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La historia comenzó el 13 de marzo de 2013. Ese día, Montoya Serna le compró un lote con casa de campo a María Consuelo Velásquez de Vieira. El predio está detrás del restaurante El Rancherito de la vía al aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia. Mide 3.987 metros cuadrados y según la escritura 626 la compraventa fue por 300 millones de pesos.
Familiares de María Consuelo dijeron que el precio real fue de 560 millones de pesos y se pagó en efectivo y en cuotas mensuales. Montoya Serna, actual director de Planeación de la Gobernación de Antioquia, precisó que fueron 550 millones de pesos, de los cuales 110 millones fueron entregados a la promesa de compraventa y el resto consignado en un fondo de pensiones voluntarias.
Para explotar su inmueble, Montoya Serna le pidió a Planeación de Rionegro que le expidiera una licencia para hacer una nueva construcción. Lo hizo el 24 de julio de 2014, cuando se desempeñaba como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Casi dos años después la licencia no ha llegado.
Pese a ello, donde estaba la vivienda campestre, que según familiares de la vendedora tenía unos 80 metros cuadrados, se levantó el Centro de Eventos Los Magnolios, cuyos dos pisos tienen un área estimada por Planeación de Rionegro entre 200 y 250 metros cuadrados.
Aunque hasta en el uso la nueva edificación es tan diferente a la casa de campo, Montoya Serna insistió en que no necesitaba licencia de demolición del viejo inmueble, ni licencia de construcción del nuevo. Lo que sigue pidiendo es “el reconocimiento de una construcción existente”, porque la vendedora del predio no tenía los planos del bien, ni estos estaban en Planeación, a pesar de lo cual, anotó, sí le cobraban Impuesto Predial.
El funcionario aseguró que la casa “nunca se demolió. Solamente se le anexó un apergolado en los laterales y el frente y posteriormente unas vidrieras. Al interior se unificaron los espacios”.
El 15 de noviembre de 2014 el nuevo negocio ya estaba montado, según consta en la página de Los Magnolios en Instagram. Montoya Serna sostuvo que el establecimiento “realmente empezó a funcionar en julio de 2015”. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2014, también en Instagram, Los Magnolios publicaron fotos con la leyenda “listos para el evento”. Y el 17 de enero de 2015, mostraron imágenes del “Grupo Plenitud Protección disfrutando su primer seminario del 2015”.
Las fechas son relevantes, porque en 2014 el sitio no cumplía con todos los requisitos para funcionar y expender al público bebidas alcohólicas, y tenía pendientes asuntos ambientales claves. De hecho, Juan Carlos Castañeda Valencia (arquitecto al que Montoya Serna autorizó en junio de 2014 para sacar “la licencia de construcción para el Centro de Eventos Los Magnolios”), le pidió el 4 de diciembre de 2014 al acueducto rural que estudiara la factibilidad de la conexión del alcantarillado-aguas residuales para la casa de eventos. Días después, Arsa le respondió que no lo podían hacer, porque rediseñaban el sistema, dado que “en las condiciones actuales no soporta más carga”.
De esa carencia hay una segunda prueba. En otra carta, fechada 19 de enero de 2015, el arquitecto de Montoya Serna le pidió a Planeación de Rionegro que le ampliara el plazo de aprobación de la licencia, “por trámite correspondiente a solicitud de permisos de vertimientos Cornare”.
“Váyanse para la...”
La tensa relación con los vecinos de la Parcelación San Francisco terminó por visibilizar los líos de Los Magnolios. El arquitecto Alejandro Velásquez Cruz es sobrino de María Consuelo, la mujer que le vendió el lote a Montoya Serna, y representa a siete propietarios que se declaran afectados por el centro de eventos.
En varias ocasiones han acudido a la Policía, porque, dijeron, no soportan el ruido en las fiestas. También se han quejado por la quema de pólvora, actividad muy peligrosa cuando el negocio tuvo un tanque de gas apuntando a sus predios; por la dificultad para ingresar a sus viviendas, cuando los carros de los invitados de Los Magnolios saturan la estrecha vía de acceso, y hasta por las basuras que, según denunciaron, les han tirado a sus parcelas de recreo, algo que Montoya Serna negó, y atribuyó al hecho de que sus vecinos sacan la basura a la vía y los perros la riegan.
“Los sábados y domingos, cuando el lunes es festivo, nuestras fincas se vuelven invivibles, pues ya no podemos descansar”, afirmó Velásquez Cruz. Como arquitecto que es, y por la documentación oficial que ha reunido, aseguró que Montoya Serna debió tramitar una licencia de demolición de la casa de su tía, y no lo hizo. También debía obtener la licencia de construcción para el centro de eventos, y aún no la tiene.
Al momento de su denuncia (8 de julio de 2016), indicó que lo más grave era que a la solicitud de licencia de Los Magnolios no le anexaron todas las actas de vecindad. Precisó que el 24 de julio de 2014 Montoya Serna radicó tres actas, de las cuales, afirmó el arquitecto, una no es de un vecino colindante. Y no debía radicar tres, sino cinco, enfatizó.
En su concepto, los problemas se acentuaron en diciembre de 2015, por la realización de varias fiestas empresariales hasta las 4:00 a.m. “Eso fue una semana seguida, y de ahí en adelante fue más incontrolable”.
El 10 de junio de 2016, dos vecinos, Rafael Ignacio Velásquez y Víctor Darío Velásquez A., objetaron el trámite de la licencia de construcción de Los Magnolios. Manifestaron que la casa de eventos ni siquiera había cumplido con las observaciones que le hizo la Secretaría de Planeación, el 27 de febrero de 2015, o sea en la anterior administración municipal.
Montoya Serna argumentó que la oficina de Planeación de Rionegro nunca les informó de esas observaciones. El arquitecto que tenía delegado para el asunto, tampoco le hizo seguimiento al trámite de la licencia, pese a que en la solicitud presentada por el funcionario figura que también era “urbanizador o contratista”. Solo el 13 de junio de 2016, Juan Miguel Molina Jaramillo, abogado de Montoya Serna, fue personalmente a recoger esas observaciones.
Tres días antes, Diomer Montoya, técnico Urbanístico de Rionegro, estuvo en Los Magnolios verificando las actuaciones del “presunto contraventor: Carlos Mario Montoya”, por, según reza en el asunto de su informe: “construcción y funcionamiento ilegal”. Para cumplir con esas licencias le fueron otorgados tres días al actual director de Planeación de la Gobernación de Luis Emilio Pérez Gutiérrez.
Sin embargo, en esa misma fecha, 10 de junio de 2016, el Inspector Municipal de Policía y/o Corregiduría del Sur, le dio a Carlos Mario Montoya, del establecimiento Los Magnolios, 30 días calendario “para presentar la documentación requerida para la licencia de reconocimiento de la construcción y de los permisos de funcionamiento del establecimiento de comercio que allí opera”.
Paralelo a estas actuaciones oficiales, los vecinos comenzaron a trinar y a publicar fotos en redes sociales, sobre las presuntas irregularidades de Los Magnolios. Alejandro Velásquez Cruz recordó que eso motivó una visita de Montoya Serna, quien, desde el lindero, y con la música a todo taco, los insultó así, tal como él mismo lo registró en un video: ‘a la hijueputa, prefiero gastarme la plata en abogados que arreglar este hijueputa problema. Váyanse para la puta mierda’. Montoya Serna reconoció que ese día estuvo en Los Magnolios, acompañando a técnicos que hacían unas pruebas de sonido, dijo que le gustan las palabrotas, un asunto que está aprendiendo a controlar, pero negó que términos como esos los hubiera dirigido a sus vecinos.
Cuando el caso se volvió mediático, la Secretaría de Gobierno de Rionegro, expidió, el pasado 29 de junio, un comunicado en el que afirmó: “los Magnolios Centro de Eventos fue construido sin contar con la licencia obligatoria, lo cual implica una infracción a la ley, al no contar con los permisos necesarios para adelantar la obra, por lo cual desde la Secretaría de Planeación se está adelantando la indagación correspondiente y se tomarán las acciones a que haya lugar”.
