Dos comunidades evacuadas y diez más en alerta naranja son hasta ahora las afectaciones que deja la emergencia de la represa Hidroituango para los pueblos indígenas de la región.
La Organización Indígena de Antioquia (OIA) informó que la situación más crítica se presenta en el municipio de Cáceres, con dos asentamientos del pueblo Senú: Isla de la Dulzura y Puerto Santos.
Gustavo Vélez, consejero de la entidad, le contó a EL COLOMBIANO que ya salieron 45 familias de Isla de la Dulzura, las cuales se autoalbergaron en otra comunidad de El Guarumo, ubicada en la citada localidad.
Detrás de ellas van otros 40 núcleos familiares de Puerto Santos, que están en proceso de desplazamiento hacia el mismo lugar.
A la tensión que se padece en estos momentos, se suman las condiciones precarias que deben soportar en el sitio. Vélez explicó que la comunidad de El Guarumo es conformada por cerca de 130 lugareños, que están más seguros porque viven lejos de la ribera del Cauca, a hora y media del casco urbano de Cáceres.
No obstante, el arribo de los indígenas evacuados pone en riesgo la salubridad de las personas, pues no tienen acceso al agua potable ni servicios sanitarios, y la comida escasea para tantas bocas.
El consejero Vélez afirmó que hasta el momento no han enviado ayudas del Estado a El Guarumo, en parte porque este no es uno de los puntos de encuentro y albergue oficiales designados por las autoridades de socorro.
Otros se hospedaron temporalmente en una iglesia cercana, adonde tampoco les ha llegado auxilio alguno.
Mientras esta coyuntura se presenta con los residentes de Isla de la Dulzura y Puerto Santos, hay otras nueve comunidades en alerta naranja en el Bajo Cauca, según la OIA.
Se trata de indígenas Senú, ubicados entre Cáceres y Caucasia; y de los pueblos Embera Chamí y Embera Katío, que habitan entre Tarazá y Cáceres. Sumadas, son cerca de mil personas, que también tendrían que evacuar sus resguardos si se agrava el problema de la hidroeléctrica.
Llanedt Martínez, la gerente Indígena de Antioquia (una dependencia de la Administración Departamental), añadió que también se está alertando a la comunidad Soibadó del municipio de El Bagre, que vive cerca de la quebrada San Jorge. Son 92 personas (20 familias) que deben estar atentas a la evolución de la crisis.
Agregó que en Isla de la Dulzura todavía hay familias que no se quieren ir, por lo que están coordinando con la Guardia Indígena para que las convenza de evacuar.
