El control y la vigilancia en temas de salubridad y seguridad para, al menos, 872 piscinas en Medellín y otras 114 en municipios de Antioquia, quedaron sin un marco regulatorio que permita a las autoridades exigir el cumplimiento de las normas.
La expedición del decreto 554 de 2015, que reglamentó la Ley 1209 de 2008, derogó y dejó en el vaivén las herramientas legales contempladas en el decreto 2171 de 2009.
Al tiempo con la generalidad de la nueva normativa, las actuales disposiciones dejaron en el limbo cinco resoluciones reglamentarias con las que, tanto la Secretaría de Salud de Medellín como la Dirección Seccional, estaban obligando al cumplimiento de la ley y, si era del caso, al cierre de las zonas húmedas.
En la Administración departamental el galimatías jurídico ha repercutido con mayor impacto. Las revisiones en las piscinas de más de 100 municipios se suspendieron y no hay certeza del conducto regular a seguir.
Según John William Tabares, coordinador de normatividad de piscinas en Antioquia, la situación representa riesgo para los usuarios, además —añadió— se perdió el trabajo de control que ya venían realizando y con el cual se había conminado a propietarios a realizar grandes inversiones en las zonas húmedas.
“Si bien los monitoreos hay que hacerlos periódicamente, el decreto que derogó el anterior dice que se deben cumplir normas de seguridad, pero no aclara cuáles”, acotó.
Esa amplitud de la norma es un problema para las autoridades de Antioquia, que advirtieron que, por ejemplo, la nueva norma establece que el agua debe estar limpia y sana, pero no especifica los elementos técnicos para hacerlo.
Para Tabares, todavía no ha salido una nueva reglamentación que defina los criterios de calidad del agua y “si hoy se toma una muestra no hay con qué comparar parámetros”.
Medellín detuvo los avances
Lo que está sucediendo con la normatividad en los controles a las piscinas públicas y en urbanizaciones en Antioquia no es muy alejado a la realidad que, al respecto, ha tenido que afrontar el gobierno de la capital antioqueña.
En la ciudad, las autoridades aseguraron venir avanzando, hace tres años, en la normatividad al respecto.
Diana Acevedo, profesional de Salud Ambiental de la Alcaldía, encargada de vigilancia de las piscinas, dijo que aunque está la generalidad de la norma, esperan que se vuelva a reglamentar.
“Seguimos realizando los controles amparados en la ley anterior. Sin embargo, así la norma no esté detallada siempre habrá riesgo, aunque el hecho de que sea general deja por fuera aspecto de seguridad y salud”, anotó.
De las 872 piscinas de uso público en Medellín, censadas hasta el año pasado por la Secretaría de Salud, 19 fueron cerradas por el incumplimiento de las normas. Otras cuatro están abandonadas, presentan inconvenientes en su tratamiento y se encuentran con aguas estancadas.
Respiro de urbanizaciones
Desde que se comenzó a aplicar la normatividad en las zonas húmedas, algunas administraciones de urbanizaciones en Medellín reclamaron por la supuesta severidad de los controles.
Alejandro Blair, administrador del conjunto Arco Iris en Rodeo Alto, aseguró que a la propiedad horizontal que maneja y a otras vecinas les ha sido difícil cumplir con las normas, por su volatilidad.
“A medida que pasan los días aumentan los requisitos”, explicó, sin conocer el limbo jurídico que actualmente tienen las autoridades para hacer cumplir las normas, apuntó.
No obstante el vacío de la norma hoy, tanto particulares como autoridades hicieron un llamado a la autorregulación.
En ese sentido, Alfonso Álvarez, presidente de Asurbe, dijo que “las normas apuntan a la protección de la vida desde la salud”. Tabares y Acevedo coinciden en que si bien quien haya cerrado las zonas húmedas podría abrirlas, lo mínimo que les exige la ley es cumplir la norma estipulada desde 2009.
