Sigue la tensión en Buriticá, luego del cierre de 15 bocaminas y la llegada de instituciones de gobierno y corporaciones ambientales para verificar la legalidad de las demás.
A esta hora Corantioquia inspecciona varias de las minas para establecer si hay alguna violación de las normas ambientales. Los operativos se concentran en la mina más grande, Lebrón SAS, que 700 empleados cesantes que aún permanecen en la entrada, con pancartas en mano, pidiendo que los dejen trabajar.
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Albeiro David, de 40 años, es uno de los afectados. Asegura que estaba afiliado a seguridad social, que la mina cumplía con las normas de seguridad y que se ganaba 700 mil pesos semanales. “Ya no tengo un peso para sobrevivir. Se me acabaron los ahorros y no se cómo responder por mi esposa y mis dos hijos”, le dijo a EL COLOMBIANO.
En el pueblo el panorama es desolador: agentes del Esmad controlan el acceso al casco urbano, donde no se permite la entrada de vehículos particulares. Los ciudadanos deben ingresar a pie y pasar por una requisa y verificación de documentos de identidad.
El comercio está paralizado y en cada local solo se escuchan lamentos por las “agobiantes” pérdidas económicas.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez visitó la zona y aseguró que “el gobierno va a permanecer en el municipio hasta que se normalice la situación”.
El mandatario informó que en los operativos “se ha logrado desmantelar y cerrar las casas de vicio, las casas de prostitución, se han retenido 31 violadores y se ha atacado el crimen en sus diferentes formas”.
