En un operativo conjunto, las alcaldías de Bello y Medellín ejecutarán mañana jueves un desalojo de 175 familias que habitan una zona de alto riesgo ubicada en la finca El Cortado, en la comuna de París, en Bello.
Medellín participa en el operativo ya que el lote, que fue ocupado ilegalmente, es propiedad del Municipio y sobre las viviendas pesan amenazas por hallarse en zona de “muy alto riesgo”, según revelaron estudios del Dapard y Corantioquia.
Además, sobre los inmuebles hay la orden de desalojo en sentencia del 14 de enero año 2013 por el Juzgado Administrativo 26 de Medellín. Incluso, la orden se iba a llevar a cabo el pasado 26 de diciembre, pero por las fiestas de Navidad, las autoridades de ambas localidades decidieron aplazar el operativo para los primeros días de enero.
El alcalde encargado de Bello, Jairo Hernán Araque, aclaró que no se cometerán atropellos y la orden “se ejecutará según las disposiciones expuestas en el fallo”, que obedece a una acción popular y da un término de dos años, contados a partir del desalojo, para concertar un plan de soluciones de vivienda para las familias afectadas.
“Hemos hecho la caracterización, censado a las personas y hemos encontrado familias que tienen otras propiedades en Medellín y Bello y no pueden ser beneficiarias de subsidios”, dijo Araque.
Advirtió que incluso el censo se ha complicado en la realización porque hay personas que han vendido nuevamente las casas a terceros.
No hay destino definido
A las familias desalojadas, cuyas viviendas serán destruidas de inmediato, se les asignarán subsidios que oscilan entre los 250 mil y los 300 mil pesos durante tres meses para que paguen arriendo mientras se sigue resolviendo el tema de las soluciones definitivas.
Verónica de Vivero, secretaría General de la Alcaldía de Medellín, destacó el trabajo conjunto con Bello en preparar el desalojo, dado que estos procesos son complicados.
“El jueves tendremos la reubicación de una primera etapa y siguen unas etapas posteriores y tomaremos las decisiones con el lote, hay varios proyectos en estudio”, sostuvo De Vivero y recalcó que, entre estas, una podría ser instalar un Cai periférico para que la policía tenga algunos frentes en el lugar.
Las alcaldías aclararon que con el pago de los tres meses de arriendo no termina el apoyo a las familias desalojadas. Luego sigue un proceso de acompañamiento, ordenado por la misma sentencia, que culmina con soluciones de vivienda en dos años.
El Cortado es una finca de 600 hectáreas donde se formó un asentamiento llamado Nuevo Jerusalén. Allí, según ha denunciado Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, hubo venta de lotes por parte de grupos criminales, con valores de $3 millones a $7 millones y cobro de servicios públicos que les dejan utilidades por $1.560 millones anuales.
Aunque el desalojo se da por razones de riesgo, en el sector los combos reclutan menores, cobran vacunas y extorsiones, desaparecen personas y las desmembran en casas de tortura, además de ejercer explotación sexual y desplazamiento forzado, según las denuncias de Quijano.
5.000
familias serían las que en total habitan el territorio de Nuevo Jerusalén, en Bello.
