Aplazamientos de audiencias, papeles devueltos y promesas que nunca se cumplen de parte de diversos estamentos del Estado han soportado más de 800 familias de Itagüí, quienes denuncian que fueron estafadas con programas de viviendas de interés social y prioritario.
Para hacerle frente a esta problemática los afectados se unieron y conformaron la Asociación de Familias Víctimas de Proyectos siniestrados (Afavipvis).
Los proyectos con los que las familias se sienten afectadas son San Miguel Arcángel, con 160 soluciones; Santa Marta, con 264; El Buen Porvenir-Villaquintana, 160 familias, y Altos de Ditaires, con 120 soluciones de vivienda.
Luz Martínez Valencia, una de las gestoras del movimiento, declaró a EL COLOMBIANO que son un grupo, en su mayoría de mujeres cabeza de hogar, que representan a varias familias víctimas de estafa en proyectos que nunca se desarrollaron o siniestrados, a pesar de haberse conformados desde hace 9 años.
Con la ilusión de conseguir una casa propia, algunas familias entregaron los ahorros de toda la vida, mientras que otras gestionaron créditos para pagar el derecho a los cupos que se ofrecían.
“Confiadamente pensábamos que estaban a nombre de las juntas de vivienda comunitarias. Pero no era así. Estos quedaban en nombre de los gestores o de corporaciones fundadas por ellos y sus familiares. Así se apoderaron de las diferentes juntas, gestionando y manejando a su antojo los dineros y los bienes conseguidos y pagados por las familias. Hasta que se dio la alerta al ver que pasaba el tiempo y no se construía nada”.
Acción penal
Ante el incumplimiento, a las familias solo les quedó emprender acciones judiciales, aunque su interés no era llevar a nadie a la cárcel sino contar con casa propia. Por ello de nada les vale que algunos de los implicados ya estén judicializados y los otros demandados ante la Fiscalía.
En esa dirección, el pasado viernes, en el juzgado primeros Penal de Circuito de Itagüí, se inició la audiencia preparatoria contra los presuntos responsables de apoderarse del dinero de las familias del proyecto Santa Marta, entre los que figuran la diputada de Antioquia Ángela María Cano Vargas, Gabriel Jaime Velásquez y Carlos Andrés Moreno, quienes tienen la casa por cárcel. No obstante, gracias a una maniobra de la defensa, la diligencia se aplazó para el 16 de octubre a las 9:00 a.m.
La decisión llenó de incertidumbre a los representantes de las víctimas que el juzgado admitió en la audiencia.
Casos de casos
Gloria Isabel Franco, afectada de San Miguel Arcángel, comentó que este proyecto quedó paralizado, porque en septiembre de 2013 se enteraron de que el lote, ubicado en el barrio la Hortensia, que supuestamente había negociado la diputada Angela María Cano, había sido embargado por la vendedora, porque no le habían cancelado una deuda de $60 millones.
Gloria Isabel es madre cabeza de familia y se sostiene con las ventas que realiza en una chaza. Ya aportó $12.300.000.
El concejal de Itagüí, Nelson Acevedo manifestó preocupación por la forma como la justicia dilata los procesos. “Cuando estas familias han tocado las puertas de la Alcaldía, la Gobernación, la Procuraduría y la Fiscalía, simplemente les devuelven los papeles”.
Así cada institución tiene una respuesta: la Presidencia habla de esperar; la Procuraduría, que mediante oficio PRA 3627 y 3631 del 2 de julio la solicitud de intervención urgente, “se remitió por competencia a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y envió copia a procuradores judiciales penales”.
Para el corporado el problema se resume en la delegación que hace el Estado a particulares en este tipo de planes de vivienda a través de las llamadas juntas de viviendas comunitarias, algunas de las cuales conformadas con intereses politiqueros y beneficio económico.
Otra dificultad es el modelo de financiación de las viviendas que lleva a las familias a pagar por adelantado los intereses y después de años empiezan realmente a amortizar la deuda, lo que hace que estos hogares no vivan dignamente y terminen en serias dificultades económicas y sin ninguna opción de acceder a un Sisbén para obtener casas gratuitas.
“Si la justicia no opera, entonces quién resuelve nuestra situación”, se preguntó una de las señoras afectadas que invirtió lo que ahorró en su vida para tener un techo digno.
4
son los proyectos de vivienda por los que las familias han pagado sin recibir nada.
60
millones de pesos, deuda que amarra el negocio del lote San Miguel Arcángel.
