Pensar en alcanzar la paz en Colombia parecía utópico desde el fracaso en el Caguán. Ahora las expectativas crecen, aunque el mismo presidente Juan Manuel Santos advirtió que “lo difícil está por venir”. Cuando faltan dos semanas para iniciar negociaciones entre el Gobierno y las Farc se anuncia que la sociedad civil participará a través del Consejo Nacional de Paz.
En un principio los únicos que tendrán asiento en los diálogos serán los negociadores, pero como los puntos iniciales ya son de conocimiento público, surgen propuestas que podrían llegar a plantearse en la mesa. Muchas de ellas provienen de regiones afectadas por el conflicto.
¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué proponen?
Una primera respuesta se relaciona con un deseo de tranquilidad y de estabilidad social y económica. Para llegar allá, tres puntos del acuerdo serán claves: el desarrollo de una política agraria, la solución al narcotráfico y la reparación a las víctimas.
Lucha contra las drogas
Nariño es el departamento más afectado por los cultivos de coca en el país, con un total de 17.321 hectáreas, equivalente al 27 por ciento del total nacional. Esta cifra resulta más preocupante si se tiene en cuenta que en esa zona la tasa de homicidios se eleva y la presencia de grupos armados ilegales se fortalece.
Según la Gobernación de Nariño, en los municipios con cultivos ilícitos, la tasa de homicidios es de 78 habitantes por cien mil, mientras que en aquellos sin ese tipo de cultivos es de 22 habitantes por cien mil. Además, se tiene registrada la presencia de cuatro estructuras de las Farc y tres del Eln, más bandas criminales como “los Rastrojos” y “Águilas Negras”.
Para el gobernador de Nariño, Segundo Raúl Delgado , teniendo en cuenta este panorama, el Gobierno debería proponer o acordar con las Farc, en el transcurso de la negociación, una estrategia de sustitución de cultivos de coca que deje atrás la erradicación forzosa y la fumigación, que son las estrategias usadas.
“Ya en la agenda se plantean programas de desarrollo rural con participación de la comunidad. Seguramente cuando se discuta ese punto se va a conocer mucho la experiencia en nuestro territorio, que le ha servido al departamento y que le puede servir a la paz del país”, aseguró el Gobernador.
Se refiere a la implementación de un programa llamado “Sí se Puede”, que pretende fomentar la sustitución de la coca a través de estrategias de desarrollo rural. En Nariño, esta iniciativa lleva una primera fase, con el apoyo de la Unión Europea y una inversión de 2,2 millones de euros.
Las cifras que se tienen revelan que entre el 2007 y el 2011, los cultivos ilícitos disminuyeron en un 53 por ciento en dos municipios de Nariño con este programa y se beneficiaron 1.930 familias, de las cuales algunas se capacitaron para producir abonos orgánicos y productos como cacao, lulo, fríjol y maíz.
“El presidente piensa que a uno todos esos químicos (glifosato) que le echan por acá para acabar con la coca no le hacen daño, pero eso produce enfermedades. Nosotros ya optamos por dejar el negocio de la coca y sembrar otras cosas, vamos a ver qué pasa”, aseguró una campesina del municipio de El Rosario.
Guaviare busca soluciones
Ante los resultados de esta iniciativa en Nariño, el gobernador del Guaviare, José Octaviano Rivera , pretende implementarla. Dijo que los cultivos de coca implican para los campesinos una encrucijada, porque tienen que esconderse de las autoridades y, al mismo tiempo, convivir con los grupos armados ilegales.
Sin embargo, estas personas le han manifestado que, si hay alternativas por parte del Gobierno, ellos se alejarán del negocio ilícito. “Decir que se va a acabar con los cultivos ilícitos es muy difícil. En un acuerdo que hicimos con el presidente Santos lo que manifestamos es que a medida que llegue la institucionalidad vamos alejando la ilegalidad”, sostuvo Rivera.
Guaviare es la tercera región con más cultivos de coca, después de Nariño y Cauca. Hay cerca de seis mil hectáreas sembradas, lo que atrae la presencia de grupos ilegales y narcotraficantes.
Los reclamos del Cauca
La población indígena, que es mayoría en Cauca, también quiere que se tengan en cuenta sus propuestas y necesidades, como mejorar la producción agrícola.
Jesús Chávez, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sostiene que la paz no significa solamente que los grupos armados “dejen de echar tiros”. Por eso, se están aliando con otras organizaciones sociales para analizar la paz más allá de un cese al fuego: “Estamos discutiendo es cómo se van a resolver las necesidades básicas de la población civil. Por ejemplo, garantizar una vivienda digna para que el ciudadano no piense que no hay oportunidades y sea presa fácil de grupos armados ilegales.
Estas propuestas, que Chávez pide que el Gobierno impulse a propósito del proceso de negociación, también deben ir acompañadas, según expresó, de la revisión del sistema de salud y educación para los pueblos indígenas.
Incluso pidió que el tema de la minería esté sobre la mesa: “Lo que queremos es que se respeten los territorios de los indígenas, de los campesinos y afros, pues a pesar de la plata que pueda generar ese negocio, éste debe regir también bajo nuestras autoridades tradicionales sin detrimento de la madre tierra”.
Las Farc tienen presencia en Cauca con los frentes 6, 60, 64 y la columna móvil Jacobo Arenas.
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