Ante la polémica que hay entre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y la Contraloría General de la República sobre la competencia que tendrían para investigar a los magistrados que estarían involucrados en un presunto "carrusel de las pensiones", el Gobierno terció al solicitar al Consejo de Estado que resuelva de quién es la responsabilidad.
La petición la hizo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra , luego de que la contralora Sandra Morelli anunciara la suspensión no sólo de las investigaciones del "carrusel" de las pensiones de la rama judicial, sino las de todos los aforados, una decisión que causó revuelo por los efectos que podría tener en el futuro.
De manera previa, los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura habían señalado que esas investigaciones son del resorte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El problema radica en que si bien la Constitución de 1991 establece que las investigaciones de los aforados constitucionales (Presidente de la República, magistrados de las altas cortes y Fiscal) son competencia de la Comisión de Acusación, no aclara si es solo para lo penal o si incluye asuntos disciplinarios y fiscales.
Y es en este punto donde se advierte el riesgo de que estas investigaciones queden en la impunidad dada la poca eficacia que ha demostrado a lo largo de su historia la Comisión de Acusación.
Para el profesor de la Universidad de la Sabana Hernán Olano , experto en Derecho, los procesos avanzarían dependiendo de la capacidad de cabildeo de los investigados.
Su afirmación se sustenta en lo que ha sido el accionar histórico de la Comisión: "solo dos aforados han sido juzgados, uno en el siglo XIX, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera , y otro en el siglo pasado, el general Gustavo Rojas Pinilla ".
Añade que la situación se puso más crítica después del proceso 8.000 contra el presidente Ernesto Samper . Según la Constitución actual, para que un aforado vaya a juicio se necesita que la Comisión determine que hay fundamentos para iniciar un proceso, lo que pasa a la plenaria, y luego queda en manos del Senado.
Gloria María Borrero , directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que en más de 90 años de existencia de la Contraloría y 20 de haber sido promulgada la Constitución, no se habían presentado este tipo de situaciones, lo que "deja mucho que pensar sobre la forma en la que se están comportando los jueces de jueces y las estrategias que tienen para dilatar procesos".
Sin embargo, considera que hay varias salidas para no dejar las investigaciones en el limbo: una acción de tutela -que podría ser interpuesta por la Contralora- para que sea la Corte Constitucional la que dirima el conflicto; vía reforma a la Justicia; o el Consejo de Estado.
No quedan dudas
Pero ni los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura ni el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Germán Blanco , consideran que haya razón para la polémica porque piensan que la Constitución es clara.
En declaraciones a Colprensa, el conjuez Isnardo Gómez , señaló que la Contraloría sí tiene potestad para investigar en materia fiscal a los ministros y a los gobernadores. Y el conjuez Carlos Mario Isaza , añade que si determina que hay un detrimento patrimonial, ahí se requiere de una acción penal que permita recuperar el dinero.
Blanco criticó a Morelli por controvertir el fallo de los conjueces y anunció que hoy se asignarán "a algunos representantes de la Comisión, el proceso del carrusel de pensiones (...) Algunos de los miembros han sido contralores delegados en lo nacional, así que hay un conocimiento previo en materia fiscal"n
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