No amaina la crisis de la salud. Los entes de control anuncian día a día nuevas evidencias del fraude y saqueo al sistema por parte de EPS e IPS (543 investigaciones penales, cifra el Vicefiscal general), y el ente gubernamental de vigilancia, la Superintendencia de Salud, aparece cada vez más desdibujada y aturdida ante los acontecimientos.
El expresidente César Gaviria, en cuyo Gobierno nació e inició la ejecución de la Ley 100 de seguridad social, indica que "en 17 años nunca se mejoraron los mecanismos de vigilancia, supervisión y control. Y en eso hemos fallado todos los gobiernos". Creemos que tiene razón cuando dice que la declinación de las responsabilidades del Gobierno es la que hace que el sistema haya terminado siendo administrado por los jueces.
Es sabido que el servicio de salud en Colombia requiere mediación judicial, a través de la acción de tutela, para funcionar. Una perversión donde las haya: administrativa, gerencial, de política pública, incluso jurisdiccional. El usuario acaba siendo sometido a procedimientos kafkianos para ejercer sus derechos.
Entretanto, la Corte Constitucional convocó a una audiencia que, en la práctica, es una citación a rendir cuentas al Ejecutivo, en ejercicio de competencias que normalmente debía cumplir el Parlamento. No estamos lejos de la declaratoria del "estado de cosas inconstitucional" en el servicio de la salud, similar al declarado por la Corte en el tema del desplazamiento forzado, que le permitirá a esa alta instancia judicial empezar a dictar instrucciones al Gobierno para enfrentar la crisis.
Ante un problema de tal magnitud, puede aceptarse que la Corte ejerza esa labor de tutelaje al Ejecutivo, ante la ausencia efectiva del Parlamento. Y no estaría mal, de paso, que la propia Corte Constitucional examine cuál ha sido el alcance de su manga ancha en las decisiones de tutela en materia de salud, a cuya "manirrota" jurisprudencia atribuyen muchos economistas el colapso del sistema.
Evidentemente, no es la Corte la responsable de los saqueos. De ninguna manera. Pero sí lo es de la creación del caos en la aplicación de las reglas en materia de servicios prestacionales de salud, pues su permanente ordenación de procedimientos, suministros y servicios por fuera de los establecidos en la ley, provocó que, humanamente, nadie pudiera determinar con certeza qué norma se aplicaba en Colombia.
La jurisprudencia en salud derivó, para decirlo en términos socio-jurídicos, en una situación de anomia, carencia de la aplicación de las normas, aprovechada por los inescrupulosos para obtener ventajas ilícitas en medio de la maraña reglamentaria y judicial. No otra cosa es el concierto para delinquir montado en torno a los recobros al Fosyga.
El ministro de Protección Social, un experto teórico en economía, dijo ante la Corte que "no hay crisis en la salud, sino una coyuntura por problemas de liquidez". Sería bueno que se lo explicara a los miles de pacientes que diariamente sufren afrentas y omisiones dolosas en los servicios médicos y hospitalarios, y les indicara cómo esa conclusión les va a solucionar la vida. El Ministro, también, se ha dado plazo hasta diciembre para adecuar el POS, reconociendo que "ésta es la madre de todos los problemas". A juzgar por su diligencia para actuar, está cuidando mucho a tan conflictiva madre.
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