Era inevitable, en vísperas del TLC con EE.UU. volver sobre aspectos que desde un inicio causaron preocupación en la comunidad ganadera, para intentar un último debate e identificar asuntos que, sin duda, van a significar la quiebra de muchos.
No se trata de llorar sobre leche derramada, que advierto será mucha la que no encontrará mercado ni precio remunerativo, sino de alertar una vez más sobre lo que me parece injusto: mientras la mayor economía del planeta tendrá acceso inmediato para carne y lácteos, pasarán años antes que nuestros productos estén en la mesa de los consumidores americanos. Así de fácil y de inequitativo.
Lo advertimos desde cuando estuvimos en el cuarto de "al lado", para tratar de defendernos, mas no para decidir. Sabíamos que los países no firman TLC para congratularse con sus aliados. Lo hacen para buscar mercados.
En los términos de la negociación, son claras las ventajas para los nuevos socios. Pero ahí no está el problema. El meollo es cómo llegar a sus mercados.
No ha valido la inversión de los ganaderos, por U$500 millones, para alcanzar la certificación de "país libre de aftosa con vacunación", los desarrollos en identificación animal, mejoramiento genético, adecuación de plantas o pasturas. Los países desarrollados piden mucho más y tienen sutiles formas de protección. La más usual es exigir rígidos protocolos para garantizar productos salubres para sus ciudadanos.
EE.UU. pide estándares similares a los suyos en materia fitosanitaria, de inocuidad, articulación de cadenas, infraestructura de inspección, control y vigilancia epidemiológica, trazabilidad al ciento por ciento y una diplomacia comercial con estatus técnico y científico garante ante sus autoridades, entre otros. Lo mismo ocurre con Suiza, Canadá o la UE. ¿Y qué hemos hecho desde ese 27 de febrero de 2006, cuando se formalizó el tratado? Seis años después, muy poco. Casi nada.
Para tener idea del rezago, consideremos que la ley que buscaba implementar la trazabilidad se cayó en la Corte Constitucional. No existe una autoridad para actuar como par de USDA o APHIS. La aplicación de las normas que se expidieron como resultado de los Conpes sanitarios, solicitados por el gremio para formalizar la oferta láctea y cárnica -Decretos 616 y 1500 respectivamente- han sido prorrogadas tres veces y eran las que garantizaban el ascenso en inocuidad exigido por los americanos. No sabemos cuál será la suerte de esos decretos. Siguen en estudio para ser modificados.
¿Es justo? ¿Puede el gremio callar, cuando ve a sus puertas el descalabro de la economía ganadera? ¿Cuando sabe que miles quedarán atrapados en las imprevisibles dinámicas del mercado para sus productos?
No podemos subestimar el choque con un jugador como Estados Unidos, el mayor productor de carne y el segundo en lácteos, después de la Unión Europea. Y más aún, cuando comprobamos -en la reciente gira técnica internacional- las pérdidas de México como resultado del NAFTA. Entre ellas, la quiebra de 148 mil ganaderos.
De 180 mil que existían, hoy sobreviven unos 32 mil. ¿Qué diremos nosotros, con un "estándar de competitividad país" e indicadores de producción y productividad ganaderos inferiores a los mexicanos?
La ganadería colombiana es de pequeños productores. Más de 400 mil que no alcanzan a 50 animales, con limitaciones para competir. Estamos frente a una tragedia social dramática.
Callar el drama que se avecina, tampoco es una opción.
* Presidente de Fedegán.
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