El proyecto para el sometimiento de las bandas criminales a la justicia colombiana, anunciado por el fiscal Eduardo Montelaegre, es un plan que hasta ahora genera más dudas que certidumbres ante las dificultades que representa un acercamiento —con visos de negociación—, con un grupo no reconocido como actor del conflicto.
Los cuestionamiento a estos acercamientos, dicen los expertos, van desde las condiciones exigidas por el Gobierno, hasta las cartas que expondrían las bacrim fundamentadas en el poder adquirido por las armas y el negocio del narcotráfico en las regiones.
Tomás Serrano, funcionario judicial experto en Derecho Internacional Humanitario, precisa que lo primero a considerar en este tipo de acercamientos es "si ello implica perdón por los delitos cometidos, en atención a que sólo se podría aplicar a través de amnistías e indultos que contemplan los artículos 150 numeral 17 y 201 numeral 2 de la Constitución, que consagran los requisitos bajo los cuales se pueden conceder, y sólo proceden por delitos políticos y no por delitos comunes, como sería el concierto para delinquir con fines de cometer delitos determinados".
Desde la anterior perspectiva, la viabilidad del acercamiento con las bacrim se cierra, y más si se tiene en cuenta el IV informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, del 31 diciembre 2013.
En caso de una "desmovilización" de las bandas criminales —plantea el informe— se debe analizar los orígenes de estas. Además, enfatiza Serrano, deben conocerse los elementos de responsabilidad internacional estatal. "Es decir que en un momento dado entraría a ser sancionado el Estado colombiano por promover la impunidad para las bacrim si tienen su origen en grupos paramilitares".
¿Qué se busca?
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, fue claro en afirmar que se buscará una política de sometimiento, sin beneficios como penas alternativas, pero sí con la búsqueda de alternatividad jurídica, la cual sería "negociada" antes de la entrega y no después de la captura como se realiza en el momento.
Sin embargo, con lo que no cuenta el Fiscal, es que las bandas criminales llegarían con un cúmulo de condiciones que deberán ser analizadas al momento de sentarse a estudiar el sometimiento.
Así lo ve Juan Carlos Ortega. Este analista del conflicto armado considera que el poder adquirido por las bandas criminales les da "un estatus" para exigir y poner a consideración ciertas condiciones. Ellos no se van a entregar así de fácil y más para el desmonte de toda la estructura".
Entonces, ¿que se negocia? En primera instancia se busca crear un escenario que favorezca un posible sometimiento. Carlos Prieto, investigador de las bandas criminales de la Fundación Ideas para la Paz, asegura que lo que busca este proyecto es "formalizar términos y procedimientos para el sometimiento. La idea es definir una reglas de juego claras y que el escenario quede claro frente a este posible proceso".
El reto, dicen los analistas, lo tiene el Gobierno en caso de darse el desmonte de estas estructuras. Todos coinciden en la pregunta si el Gobierno y el aparato judicial están preparados para recibir otro gran número de desmovilizados.
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