San Carlos permaneció durante 10 años plagado de minas antipersonal y hoy, luego de una difícil tarea de extraerle a la tierra la barbarie que dejaron enterrada los grupos armados, será declarado por el presidente J uan Manuel Santos como el primer municipio libre de estos artefactos explosivos.
En una década la mayoría de sus veredas fueron deshabitadas porque nadie quería volver por el temor a las minas enterradas en los caminos, las fincas, los cafetales y hasta cerca a las escuelas, que en vez de albergar niños se convirtieron en bases de guerrilleros y paramilitares.
Ese miedo que aumentó por los asesinatos de campesinos que eran bajados de las chivas, las masacres, el intento de la guerrilla de reclutar a los niños y jóvenes y la intimidación de uno y otro bando, fue el que expulsó de su finca, en la vereda Mirandita, a Emma Álzate y a sus cinco hijos.
"Hace 10 años esta región estaba plagada de guerrilla, vivíamos sometidos a lo que ellos quisieran. La gente tenía que darles alimentos, se llevaban engañados o amenazados a los niños y jóvenes. Luego llegaron las autodefensas y empezaron las masacres. La violencia fue tan brava que la gente empezó a abandonar estas tierras dejando fincas y animales, huían con lo que tenían puesto encima", recuerda Emma.
Los campesinos también empezaron a caer víctimas de las minas antipersonal que tanto las Farc como los grupos paramilitares instalaban para proteger sus zonas e impedir el avance del Ejército. Desde el año 2000 las minas dejaron 172 víctimas: 154 heridas y 18 perdieron la vida, de ellas cuatro menores de edad.
Pero el paisaje rural de este municipio del Oriente antioqueño cambió con la llegada de dos pelotones de desminado humanitario que desde 2009 limpiaron cerca de un millón de metros cuadrados de 56 veredas. Allí descubrieron 713 artefactos explosivos improvisados y seis elementos clasificados como munición abandonada tras los enfrentamientos entre los grupos armados.
Un exitoso desminado
A medida que los 100 soldados, que dejaron los fusiles para convertirse en desminadores, escudriñaban metro a metro las veredas (Agua Bonita, La Hondita, La Hortoná, La Mirandita, Las Camelias, Chocó, El Vergel, Pabellones, San Blas, San Miguel, Santa Inés y Santa Rita) las familias desplazadas comenzaron a retornar, la mayoría por su cuenta y riesgo. Con sus propios manos, reunidos en convites, los campesinos despejaron caminos veredales y trochas que se había tragado la maleza.
Así lo hizo también Emma, quien después de siete años pudo encontrar su vivienda construida en bahareque, madera y techo de zinc, derruida por el comején, la humedad y el propio abandono. Ahora añora regresar a su tierra donde cultivaba café y tenía un pequeño entable panelero y muchas gallinas.
Como muchos campesinos que aún no encuentran acompañamiento para volver a hacer productivas sus parcelas, esta mujer aún no puede habitar su finca. "Quiero que me coja la vejez en mi tierra, con jardines y palos de café. Muchas familias quieren retornar gracias al desminado humanitario, pero no tienen cómo levantar la tierra porque lo perdieron todo".
Otros como Javier Ciro retornaron solos, sin sus familias, para volver a trabajar la tierra ahora que ya no hay amenaza de minas ni presencia de grupos ilegales. Este campesino regresó a la vereda La Mirandita en 2010, que abandonó por amenazas de la guerrilla en 2002. "Quería que les colaborara. Un día salimos con lo que teníamos puesto y nunca volvimos", dice. Ese día perdió su finca, enseres y 10 mil palos de café listos para dar cosecha. Cuando regresó solo encontró rastrojo y una casa en el piso. A pesar de ese desolado paisaje, Javier trabaja de lunes a viernes desyerbando y sembrando café. "Queremos recuperar lo que la violencia nos quitó,".
La alcaldesa de San Carlos, María Patricia Giraldo , sostiene que gracias al desminado humanitario San Carlos ha vuelto a vivir, recuperar la esperanza y "prueba de eso son las 2.707 familias que han retornado al municipio, tanto al casco urbano como a la zona rural. Son unas 9.500 personas".
Este es el panorama renovado y con esperanza que encontrará hoy una delegación del Gobierno encabezada por el presidente Santos, quien liderará el acto oficial de entrega de la certificación de San Carlos como primera población del país libre de sospechas de minas antipersonal.
La alcaldesa reconoce que los programas de acompañamiento del Gobierno y la Gobernación de Antioquia no son suficientes para apoyar a todos los desplazados que han retornado. Por eso le solicitará al Primer Mandatario más apoyo para las familias que están retornando. "Los desplazados que retornan necesitan recuperar no solo la tierra, sino tener proyectos productivos para la sostenibilidad y recuperar una parcela o una finca puede costar entre 40 y 50 millones de pesos, lo que demuestra la magnitud de este proceso".
La recuperación de este municipio golpeado por la violencia ya se aprecia en sus campos. La gente camina tranquila por los caminos que hasta hace poco eran solitarios, los labriegos volvieron arar la tierra, los jóvenes a la plaza municipal y los niños a las escuelas.
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