El hundimiento de una barcaza en la bahía de Santa Marta, cargada con 500 toneladas de carbón, fue la gota que llenó la copa del problema de contaminación que enfrenta la capital samaria, buena parte del Magdalena y del Cesar por el transporte de carbón en la región, sin los suficientes controles de seguridad ambiental.
En su trayecto de 274 kilómetros desde la Jagua de Ibirico, Cesar, hasta Santa Marta, el tren deja un polvillo de carbón del que nadie se hace cargo, a esto se le suman las cerca de 800 tractomulas que se mueven por la troncal cada 24 horas cargadas con el mineral, más las dificultades que se pueden presentar en el descargue del mismo en Santa Marta.
El impacto ambiental y en la salud se viene denunciando por ambientalistas, congresistas y la comunidad desde hace más de una década y por eso, la suspensión temporal de la operación de cargue a través de barcazas de la Drummond se convirtió no solo en una muy dura sanción para la multinacional, sino que dejó abierta la posibilidad de revisar el impacto ambiental de su operación.
El exministro de Ambiente y consultor internacional en política ambiental, Manuel Rodríguez, indicó que aunque el accidente del 13 de enero fue "muy grave", si se evalúan los daños ocurridos para la salud y el ambiente en los últimos 20 años "es bastante mayor que el de la barcaza que se hundió, este sería un detalle menor".
Sostuvo que la sanción que le interpuso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a la Drummond para realizar el cargue de carbón en barcazas "es justa ya que por el solo de hecho de no informar, se crea desconfianza y uno piensa en cuántos accidentes han ocurrido y no se han reportado".
El exministro afirmó que la pregunta que hay que resolver ahora es hasta dónde se pueden establecer medidas de contingencia que eviten este tipo de accidentes. "Cuando se resuelve tener minería de carbón a gran escala hay unos daños ambientales inevitables. No es cierto que se pueda explotar a cielo abierto carbón sin que se deje una huella ecológica severa, lo que se busca es que esa huella no vaya más allá de la necesaria".
Por su parte, el actual ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, consideró que el mensaje que se envió con la suspensión de la licencia a la Drummond es que debe haber mayor cuidado sobre las licencias ambientales y que "el país pide a gritos que se mejore la situación en la región. Se ha enviado un mensaje perentorio con esta suspensión de que hay que respetar las normas, que prevalece el interés colectivo del medio ambiente sobre cualquier otra circunstancia".
El senador Jorge Robledo ha seguido el tema en la última década y lamentó que solo cuando ocurre un accidente como el de enero, se revive la polémica cuando debe ser siempre una prioridad de país. "No es que los ambientalistas solo trabajen cuando se produce un derrame, la contaminación de las playas de Santa Marta por cuenta de estas mineras, ha sido un debate de hace mucho tiempo".
Agregó que no se toma una decisión de fondo porque "el poder de estas compañías es muy grande. Hay unos poderes económicos descomunales".
El gobernador de Magdalena, Luis Miguel Cotes, destacó que desde hace meses le ha insistido a las autoridades ambientales y al Gobierno para que hagan un examen detallado de lo que sucede y cómo se está afectando no solo el turismo sino también el ambiente y la salud. Cotes va mas allá y pide ajustar los protocolos para reducir al mínimo el riesgo de vertimiento de carbón y pidió una "compensación", por los efectos nocivos causados al departamento.
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