La denuncia ya causó dos remezones. Antes del comienzo hoy de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, citada por Colombia para denunciar la presencia de jefes guerrilleros de las Farc y el Eln en Venezuela, el Gobierno llamó a consultas a la embajadora en el vecino país, María Luisa Chiappe.
La funcionaria llegó anoche a Bogotá para definir con el alto Gobierno las acciones por seguir en las tensas relaciones con Venezuela. Ayer también se conoció la renuncia del embajador ecuatoriano, Francisco Proaño, a la presidencia de la reunión extraordinaria en el organismo internacional.
Si bien la Cancillería de Ecuador no especificó las razones de la decisión, que fue el martes en la noche, desde distintas instancias se conoció que renunció por presiones ejercidas desde Venezuela para que no se citara a la sesión extraordinaria, trámite que le correspondía a Proaño por presidir el citado Consejo.
Según el diario electrónico Ecuadorinmediato la crisis inició la semana pasada cuando Proaño recibió la petición del Embajador de Colombia para citar la reunión.
Con este panorama, en un comienzo, Colombia llegaría bien parada para la sesión extraordinaria de hoy, que comenzará a las 9:30 de la mañana, en la que, según anunció el embajador Luis Alfonso Hoyos, no busca una condena en contra de Venezuela, sino más cooperación de los gobiernos vecinos.
Según Hoyos, el objetivo es que el Gobierno de Hugo Chávez Frías "entienda que no solo es su obligación, sino su interés porque no ponerle cuidado a esto está haciendo que el secuestro, el narcotráfico y toda la delincuencia este creciendo y afectando al pueblo venezolano".
Y, además, de la presentación de las pruebas, que Hoyos calificó como "contundentes", el objetivo básico de Colombia al acudir a esta instancia internacional es que todo el hemisferio conozca "los infructuosos esfuerzos que Colombia ha hecho buscando la cooperación de Venezuela para enfrentar el terrorismo".
Ya el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, había dado puntadas al respecto durante su discurso en la instalación del Congreso, el martes pasado.
En esa oportunidad Uribe afirmó que para "hablar sinceramente de hermandad, no puede haber criminales de por medio" y añadió que "El narcoterrorismo es una amenaza para nosotros y para los vecinos. Hemos pedido cooperación, también la ofrecemos".
El escenario posible
Tras la renuncia de Proaño, su reemplazo hoy será el embajador de El Salvador ante la OEA, Joaquín Alexánder Maza Martelli, nuevo presidente del Consejo Permanente, quien convocó ayer, sin titubeos, la sesión extraordinaria solicitada por Colombia.
Sin embargo, no son demasiadas las esperanzas, teniendo en cuenta los antecedentes, de lo que pueda hacer la OEA ante las denuncias.
Así lo confirmó el ex canciller y miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo. "Realmente la OEA no tiene capacidad coercitiva. Creo que un debate de esta naturaleza debe concluir, como concluyó el pasado (tras el bombardeo del primero de marzo de 2008 en el que murió alias 'Raúl Reyes'), con una resolución por parte del Consejo Permanente de la Organización, tomando unas actitudes específicas".
Dentro de estas actitudes está la tesis general de la Carta Constitutiva de la OEA, donde se afirma que no se pueden apoyar, por parte de los estados miembro, que no se puede apoyar movimientos subversivos. Y lo otro que podría hacer el organismo, es enviar una comisión para verificar las denuncias.
Sin embargo, lo más importante de las denuncias de hoy es mostrar cuál es el estado real de la guerrilla de las Farc y el Eln y por qué hay jefes de estos grupos viviendo en Venezuela. Otro de los puntos fuertes que podría lograr Colombia después de la sesión de hoy es que puedan intervenir otros países (sobre todo los amigos) y expongan sus verdaderas opiniones.
Anoche, el canciller Jaime Bermúdez aseguró que el Gobierno tiene información de que varios países estarían interesados en aplazar o cancelar la sesión extraordinaria que solicitó Colombia.