Una mayoría más que suficiente de senadores reeligió al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, como jefe del Ministerio Público, por cuatro años más.
La renuncia a la terna, en último momento, de la magistrada María Mercedes López, no logró detener -tal era su propósito- el procedimiento de elección, que entre otras cosas fue conducido de forma particularmente hábil por el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien en algunos momentos pareció combinar su función con la de jefe de debate del candidato ganador.
El apoyo mayoritario de los parlamentarios al Procurador contrastó abiertamente con la oposición radical de sectores muy definidos, que haciendo uso preferentemente de redes sociales, orquestaron una campaña antirreelección, que tuvo eco en los medios.
Será un debate interesante medir lo que puede ser la influencia de las redes sociales, innegable pero compleja de cuantificar, ante la representación en votos que cada senador acredita sobre su curul.
La resistencia al nombre del doctor Ordóñez se basa en que representa, para sus opositores, una postura muy conservadora frente a la concepción que según estos contradictores, debería tener todo funcionario -o incluso toda persona, porque aquí el radicalismo es indiscriminado- sobre derechos fundamentales de las minorías.
Se dice que las convicciones religiosas del Procurador y de su círculo de colaboradores permean sus posturas jurídicas. Pero se omite que convicciones contrarias al aborto o a la eutanasia bien pueden fundamentarse en principios éticos y filosóficos, compartidos incluso por agnósticos. No necesariamente en la religión.
Por otro lado, se ha mencionado mucho el uso que de la amplísima nómina del Ministerio Público ha hecho el Procurador para lograr sus objetivos reeleccionistas. Es un asunto que debe ser aclarado, y si se produjo, erradicado. La utilización de estas prácticas en un organismo instituido precisamente para controlar que estas cosas no sucedan, es un contrasentido de marca mayor.
En cuanto a su función propiamente disciplinaria, no hay duda de que el actual Procurador ha desarrollado una labor sin antecedentes. Sin distingos de partido o de militancia política, ha aplicado severas sanciones a los más diversos funcionarios.
No siempre hemos estado de acuerdo con sus decisiones, ni con las adoptadas por subalternos suyos. Pero creemos que es indiscutible que al aplicar su poder disciplinario sí ha fijado una listón ético para el ejercicio del servicio público, que los funcionarios venales pensarán dos veces antes de saltar.
Y es aquí donde el Procurador, en su segundo -y presumimos, último- mandato, tiene una misión que debe no sólo continuar, sino reforzar: la labor moralizadora de una administración pública que aparte de ser ineficaz, puede llegar a ser apabullantemente corrupta.
Deseamos éxitos al procurador Ordóñez, y mucha ecuanimidad en todas sus decisiones. Sabemos que no le tiembla la mano para sancionar a los servidores públicos que no estén a la altura de sus compromisos. No por los apoyos obtenidos podrá hacer excepciones.
Y no sobra recomendarle que no olvide el alcance y límites de sus competencias. La tentación de poderes omnímodos es inevitable en un cargo de su naturaleza, pero su reto es cumplir lo mandado en la Constitución. Y por los cuatro años -no menos, ni más- que le confió el Senado. No es hora de aventuras políticas, como sí es tiempo de acabar la reelección en organismos de control desde 2016.
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