En los periódicos de antaño los lectores reconocían ciertas páginas bajo el nombre de "rojas" por aquello de la sangre derramada. Todos los hechos de agresión física, puñal y revólver de por medio, más las violaciones graves al código penal y las anécdotas de juzgado llenaban las columnas diarias de la prensa colombiana. La página roja era la zona de tolerancia del periódico. Lo demás era la vida civilizada: los deportes, las caricaturas, los hechos locales y la información política.
En los tiempos que corren todo el periódico se ha convertido en crónica roja por obra y gracia de la criminalización de la política. Este fenómeno se produce cuando el derecho penal quiere imponerse sobre la política, los jueces sobre los gobernantes y los fiscales sobre los políticos. La política se ha querido convertir en un asunto de tipificación de delitos y resolución en estrados judiciales. Este gobierno tiene una alta responsabilidad en ello, pero no se quedan atrás ni las cortes ni la "sociedad civil".
La opinión política está a punto de perecer. Las dos administraciones Uribe abrieron la cacería de brujas respecto a los apoyos civiles a guerrillas y paramilitares. La Corte Suprema de Justicia acaba de entrar en el peligroso terreno de judicializar a los "ideólogos". Por ese boquete se nos van el pluralismo de valores y de alternativas políticas, la libertad de expresión y de opinión política, elementos fundamentales del régimen político que hemos venido construyendo.
Los políticos se han sumergido en esta corriente. El debate político está desapareciendo de la escena y está siendo suplantado por el griterío y el concurso de exclamaciones acusatorias. ¿Programas, ideologías, propuestas, factibilidad? Nada de eso está en cuestión. Cuando se quiere enfrentar a un oponente político lo primero que se esgrime es el inri temible: "guerrillero", "paramilitar", "narcotraficante", si le va bien le clavan un "corrupto".
Ciertos intelectuales públicos y muchos editorialistas han venido cediendo. Algunos espacios de opinión se han convertido en el carnaval del insulto, la incriminación irresponsable y la creación de un clima de exasperación. No es una mayoría, por supuesto. Pero si nos atenemos a sus apariciones multimedia y la divulgación posterior de sus escritos vía internet, parece que tienen audiencia. El papel del intelectual es ayudar a mejorar la calidad de la discusión pública y la formación de la cultura ciudadana. ¡Dios nos libre si nuestros maestros son Fernando Londoño y María Jimena Duzán!
Es urgente recuperar un espacio propio para la política, libre de la mano aristocrática, muchas veces oscura y casi siempre inequitativa de los jueces. Es urgente recrear la discusión política con base en argumentos, propuestas y respeto a la dignidad del adversario. Es urgente que los intelectuales den testimonio de lo que debe ser una deliberación pública clara y polémica, pero razonada y calificada, con una alta estima por el auditorio ciudadano.
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