El embarazo en una adolescente se convierte en un pesado fardo que la aleja del ideal que como mujer puede tener en cuanto a su realización personal. No solo frena su educación, sino que se convierte en un obstáculo para su movilidad social.
Para el país tiene también graves consecuencias por ser causa y efecto de la pobreza, un círculo vicioso que estamos lejos de romper y que, a tres años de la fecha fijada por Naciones Unidas para mejorar los índices de desarrollo humano, amenaza el cumplimiento de uno de los Objetivos del Milenio.
Una cuarta parte de las mujeres que actualmente están embarazadas en Colombia corresponde a adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad.
En Antioquia, 20.655 adolescentes quedaron embarazadas en 2012, a los que se suman 1.065 casos en niñas, lo que implica además un abuso sexual. En Medellín se registraron 6.729 embarazos entre jóvenes de 15 a 19 años y 300 más, entre los 10 y 14 años.
Las cifras hablan de una problemática social que el Estado ha abordado en forma integral, pero que arroja una percepción de frustración por los escasos avances logrados.
En la familia está la mayoría de las situaciones que sirven de caldo de cultivo a este fenómeno: hogares disfuncionales, violencia intrafamiliar, abuso sexual, y permisividad de los padres en el uso del tiempo libre de sus hijos, en un entorno general de pérdida de valores y de falta de oportunidades.
En cuanto a los educadores, los expertos cuestionan la calidad de la educación sexual que reciben los jóvenes y el poco esfuerzo que hacen los maestros para reforzar los ideales de las adolescentes con proyectos de vida que garanticen la culminación de su ciclo educativo y dinámicas sociales en torno a su rol como mujer en la sociedad.
En términos generales es preciso un mayor esfuerzo de padres de familia y educadores para enfrentar este problema, de la mano de los organismos del Estado, en el campo de la salud, la educación, la cultura, el deporte y la protección social.
También el aparato judicial tiene una gran responsabilidad para la preservación y respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con la aplicación del Código de Infancia y Adolescencia y de lo dispuesto en el Código Penal sobre abuso sexual.
Hasta ahora la empresa privada, en términos generales, ha estado ausente pues este tema no está incorporado en sus programas de responsabilidad social, pese a la incidencia que tiene en el desarrollo del país. Sería importante que las entidades que trabajan en este campo contaran con su apoyo.
El peso de estos embarazos se dimensiona en el ámbito individual, pero también en el social por reproducir patrones negativos en miles de jóvenes que hacen que nuestro país tenga, lamentablemente, una de las mayores tasas de embarazo adolescente en América Latina.
Acciones sociales integrales como las que impulsa el Gobierno mediante el Conpes 147 para invertir cerca de 500 mil millones de pesos en este frente, y que respaldan programas como el Plan Departamental para la Prevención del Embarazo Adolescente 2012-2015 que Antioquia implementó en 52 municipios, tienen el propósito de reducir estos casos en 5 puntos porcentuales.
El tema va mucho más allá de impulsar campañas promoviendo el uso de anticonceptivos, pues de lo que se trata es de fomentar entre los jóvenes decisiones autónomas, pero conscientes, basadas en el respeto, la autoestima y la proyección personal, para poner fin a un factor de pobreza que nos frena como sociedad.
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