Como resultado de los disturbios generados por el paro agrario hay ya un agente muerto por un disparo en el abdomen, en un retén en Cundinamarca. Lo cual indica que en ciertos puntos los agitadores no están lanzando precisamente cebollas.
Adicionalmente, se encuentran disponibles en internet una veintena de videos y un centenar de fotografías que denuncian y sindican a la Policía de cometer abusos de fuerza contra los manifestantes que intervienen en el "paro agrario" que se escenifica en varios departamentos del país.
De esos contenidos y su veracidad se encargarán los organismos de control y derechos humanos y la inspección de asuntos internos de la misma Policía Nacional.
Se ha repetido hasta el cansancio que los campesinos que protestan ejercen un derecho constitucional, en particular por las condiciones adversas que afronta el agro colombiano. Pero de igual manera son condenables las acciones de hecho que el paro desató contra otras actividades económicas y sociales, provocando su parálisis: el transporte terrestre de carga y pasajeros, el turismo, las remisiones hospitalarias, el calendario escolar y, en general, la libre movilización de ciudadanos.
Remitámonos a las actuales circunstancias de orden público y a las refriegas ocasionadas por el paro: están levantadas decenas de barricadas (con troncos y llantas humeantes) y es perceptible el uso de objetos contundentes por parte de los protestantes: piedras y palos, especialmente. Ha habido asonadas que degeneraron en quemas de vehículos, saqueos al comercio, daños del mobiliario público y de bienes privados, muebles e inmuebles.
Las afectaciones más graves se sufren en Boyacá, Nariño, Cauca, Tolima, Caquetá, Putumayo y Cundinamarca. En una semana van, según el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, 160 uniformados heridos en todo el país. La Fiscalía ha judicializado a 175 personas. Entre tanto, voceros del paro y organismos de derechos humanos reportan tres civiles muertos y por lo menos 140 más heridos.
Ante este cuadro de pérdidas materiales y humanas y de lesionados es que llamamos la atención, primero, de la Policía, para que respete un principio elemental del uso de la fuerza (en este caso, con fines disuasivos): el de la proporcionalidad. Sobre todo, porque sobre los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) pesa la responsabilidad del autocontrol y la dosificación de los medios para controlar eficazmente, y sin excesos, las acciones civiles que desembocan en actos violentos contra la fuerza pública y contra otros ciudadanos.
Los Esmad no pueden olvidar que la orden del presidente Juan Manuel Santos es respetar las protestas y evitar cualquier abuso de autoridad. Al tiempo que deben velar porque las personas ajenas al paro gocen de seguridad y libertad para cumplir sus rutinas diarias. Tarea compleja, pero que, precisamente, se convierte en un medidor del profesionalismo de los agentes antimotines.
Esa proporcionalidad no es, ni más ni menos, que no se deben usar armas ni métodos que puedan ocasionar daños mortales a los manifestantes y demás civiles, ni que destruyan sus medios de subsistencia y albergue. En síntesis, los Esmad saben que deben regular su fuerza y procurar que sirva, estrictamente, para la contención de los disturbios, la protección de otros ciudadanos y la salvaguarda de sus propias vidas.
Pero al tiempo, tenemos que advertir que en algunas regiones las marchas están siendo penetradas por grupos armados ilegales que están incitando a atacar a la Policía y que, camuflados entre las turbas, están usando armas de fuego para atentar contra los uniformados.
Por eso también demandamos la actitud responsable y respetuosa de la ley por parte de los líderes de las protestas, para que los campesinos eviten ser instrumentalizados con fines que desbordan reclamaciones justas y que pasan a ser actos de delincuencia común y terrorismo que, por supuesto, deberán ser combatidos y castigados, sin miramientos.
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