Las constituciones se modifican para hacer ajustes necesarios, bien ante desarreglos de determinadas instituciones cuyo funcionamiento no encaja con el diseño estructural del Estado, bien para introducir derechos conquistados por la sociedad o deberes necesarios para consolidar el Estado de Derecho.
Cosa distinta es cuando se pretende un cambio íntegro de la Constitución, así sea conservando determinadas disposiciones que se valoran como insustituibles. Hacer una nueva Constitución se plantea cuando hay un punto de quiebre en el sistema democrático de tal calado que amerite levantar un nuevo esquema que redefina la organización política, social e institucional.
Eso ocurrió en 1991. Animados por un movimiento estudiantil e invocando la necesidad de hacer una "Constitución para la Paz" ante recientes acuerdos con grupos guerrilleros desmovilizados (el M-19 y el EPL), se convocó a una votación que, con poca participación y déficit de legitimidad, eligió a la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró una nueva Constitución Política, que nos rige desde el 4 de julio de 1991.
Nos anunciaron entonces un nuevo país. Algunas cosas han cambiado, en verdad: se amplió la participación política, se generó mayor pluralismo y se aireó el sistema democrático. Pero ahora desde algunos sectores nos dicen que es necesario convocar a otra asamblea constituyente.
Es seguro que las Farc la exigirán desde La Habana como única posibilidad para asegurar los términos de los eventuales acuerdos de paz, y para garantizar su entrada (saben que con votos es muy remota esa opción) a los cargos de elección popular.
El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en su escalada desesperada por mostrarse como el caudillo que fundará una nueva república moral, "antifachista", sacó de la manga una constituyente durante su última arenga desde el balcón del Palacio de Liévano. La exsenadora Piedad Córdoba habla de una "octava papeleta" de apoyo a la paz previa a una constituyente. Y otros sectores la plantean, acotada a temarios definidos, para introducir reformas imposibles de tramitar por el Congreso.
La actual Constitución trae condiciones muy estrictas para abrir la vía de la asamblea constituyente. Entre ellas, que la votación que la convoca sea superior a la tercera parte del censo electoral (es decir, unos 10 millones 800 mil votantes).
Una decisión tan seria no puede tomarse al calor de un ánimo de vindicta derivado de contrariedades personales, como parecería ser el caso de Gustavo Petro, ni para crear o suprimir instituciones a la carta por imposición de una subversión que solo se representa a sí misma.
Como bien lo ha recordado el exconstituyente Hernando Yepes Arcila, en el mediano plazo será necesario enfrentar una revisión integral de la Constitución de 1991.
Pero, en nuestro concepto, eso deberá hacerse cuando no haya en el país un solo actor armado ilegal que quiera imponer sus razones mediante la violencia y el terror.
PROPONGO UNA CONSTITUYENTE QUE SE DEDIQUE SOLO A REFORMAR LA JUSTICIA
Por JOSÉ OBDULIO GAVIRIA VÉLEZ
Senador electo del Centro Democrático
Comienzo por aclarar que el único de la bancada del Centro Democrático que ha planteado una constituyente soy yo. El presidente Uribe, en realidad, es bastante reacio a esa idea. Por eso quienes hablan de una supuesta alianza con Gustavo Petro no saben lo que dicen, porque nada más lejos de nuestro propósito que hacerle el juego a una iniciativa que lo que quiere es anticipar los objetivos de las Farc para implantar en Colombia un régimen como el venezolano.
Mi idea es una constituyente para tratar únicamente la reforma a la justicia. El tema judicial es un problema grave en el país. No tenemos justicia pronta y cumplida. La Constitución de 1991 otorgó poderes electorales a las altas cortes y capacidad de intervenir en nombramientos, trasladando los vicios de la política, volviéndolas el sumidero de políticos derrotados que van a recalar a ellas. Y esos roscogramas se han extendido a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía. Eso hay que cambiarlo para no seguir con la justicia postrada.
La constituyente que propongo no es para reformar el régimen de reelección. Sería de unos 30 miembros, con alta especialización, no necesariamente juristas, de elección popular, para que en menos de seis meses estructuren un esquema judicial exitoso.
