Un presunto violador de una niña es linchado en Villatina (Medellín, 2 de octubre), otro apenas logra ser protegido por la policía (San Pedro de Los Milagros, 30 de septiembre); Faustino Asprilla hace unos tiros al aire (Tuluá, cada mes) y se le abre investigación administrativa a una ilustre parlamentaria (Bogotá, septiembre), por lo que todos los medios de comunicación ponen sus reflectores sobre ellos como criminales en potencia.
Todos estos eventos tienen en común la generalización irreflexiva de la repugnancia. La emoción humana de la repugnancia, como todas, es común y explicable en las personas singulares, pero ocasionalmente ha encontrado vías para convertirse en expresión pública de la justicia como sanción social o penal. La pensadora estadounidense Martha Nussbaum ha publicado un hermoso trabajo sobre la relación de emociones como la vergüenza y la repugnancia con la ley. Sus tesis principales afirman que estos sentimientos "no son confiables como guías para la práctica pública" y que la repugnancia, en particular, "encarna ideas mágicas de contaminación y aspiraciones imposibles de pureza".
La estigmatización de los criminales es peligrosa pues impide la resocialización, estimula la venganza y difunde la falsa convicción de que ellos no tienen ningún derecho y no conservan, aún en su condición de condenados penalmente, ninguna dignidad. La repugnancia promovida por medios de comunicación y líderes políticos que se autodenominan "liberales" o "buenos cristianos" desconoce así los fundamentos de la civilización cristiana occidental.
Más grave aún es lo que sucede con aquellos a quienes no se puede llamar criminales. Entre ellos están quienes cometen actos que no son delictuosos sino simples contravenciones, faltas cívicas o morales. Los empleados públicos que están sujetos a investigaciones administrativas o penales, que normalmente son todos porque en este país a nadie le niegan una demandita. Los presuntos infractores sobre los que la justicia institucional alberga sospechas fundadas para incriminarlos. Todos ellos deberían ser protegidos contra las manifestaciones de repugnancia pública, al menos en una sociedad que tenga conciencia de la importancia de la dignidad humana.
En Colombia la repugnancia se ha generalizado porque todos los estratos sociales y condiciones intelectuales la han patrocinado, desde el célebre "los buenos somos más" (una expresión de ira narcisista). Y sobre esa base se están construyendo actitudes colectivas espontáneas como el linchamiento, propuestas legislativas como el referendo sobre la cadena perpetua a los abusadores de niños y políticas públicas frente a los grupos armados ilegales. Gracias al prestigio de la repugnancia la Corte Suprema de Justicia puede quebrantar todas las normas del debido proceso, como el pleno derecho a la defensa, el desconocimiento de la doble instancia, la publicidad de la prueba, la separación de investigación y juzgamiento.
La repugnancia ha hecho que el quebrantamiento de las normas básicas de la justicia se llame ahora "defensa de la justicia" y que la Doctrina Ñungo, "es mejor un inocente en la cárcel que un culpable en la calle", se haya convertido hoy en la consigna de los justicieros.
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