Los caprichos, improvisaciones y cambios abruptos de dirección en algunas decisiones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, están haciendo de su administración, además de controvertida, una de las más gravosas para los contribuyentes en la historia reciente de la ciudad.
Hace un año, poco antes de su posesión, anunció, sin medir las consecuencias, que fusionaría las empresas públicas lo cual ocasionó, de inmediato, una depreciación de $1,8 billones de pesos de la Empresa de Energía.
El episodio desató un gran escándalo en los medios y en las redes sociales. Y a la luz de lo que ha ocurrido en los meses posteriores, era un nítido anticipo de la esencia de un estilo de gobierno atípico y polémico, muchas de cuyas decisiones hoy causan crispación y angustia en la capital y en el resto del país.
Entre otras decisiones de alto impacto para las arcas de la ciudad y para la vida de los bogotanos este año bajó las tarifas de Transmilenio, una medida que le cuesta 150 mil millones de pesos al año a las arcas del Distrito. Cambió el Transmilenio ligero por la carrera séptima, que había seleccionado su antecesor, por un sistema de tranvía, lo cual implicó rescindir el contrato respectivo con la firma adjudicataria. Aún no se sabe cuánto costará ese cambio ni las características y costos del tranvía. La semana anterior, la Ministra de transporte Cecilia Álvarez anunció que, por falta de decisión, el Distrito perdió 140 mil millones asignados del presupuesto nacional para terminar el Transmilenio a El Dorado.
Insensato, terco, soberbio. Esos y otros adjetivos llueven en estos días sobre Petro quien construyó una importante imagen pública como senador independiente y un patrimonio político que ahora se erosiona día a día, polémica tras polémica.
Sus afectos y seguidores defienden sus actuaciones que consideran coherentes con las propuestas fundamentales de su plan de gobierno: una ciudad que reduce la segregación y la discriminación, un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público.
Del dicho al hecho lo que resulta es un temerario nivel de improvisación, plasmado en lo sucedido con el cambio del modelo de recolección de basuras, un bochornoso episodio que comenzó con insultos a las empresas privadas que prestaban el servicio. El montaje a marchas forzadas de una empresa pública para sustituirlas. La improvisada y posiblemente ilegal importación de camiones usados y oxidados, al costo de 24 mil millones de pesos. Un frenesí que deprime e irrita a los bogotanos y que terminó con la extensión de los contratos a las compañías que intentó sacar. La Fiscalía y la Procuraduría ya tomaron cartas en el asunto.
Pero, además, adelanta una creciente y aguda confrontación de clases. El elemento más inquietante y quizás más grave de esta historia de provocaciones y desafíos es el injustificable acoso a la construcción en Bogotá, por razones ideológicas, que además de la parálisis del sector y la pérdida de 40.000 puestos de trabajo, hizo que la economía nacional tuviera en el último trimestre 2.1 %, la tasa de crecimiento más baja de los últimos 7 años. Un hecho gravísimo que amerita acciones penales y disciplinarias y que ilustra, como todos los anteriores, que algunas decisiones de Petro no son simples excentricidades sino profundos desaciertos, con enormes costos y repercusiones para Bogotá y para el país.
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