El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, no sólo tiene el derecho, sino la obligación constitucional de garantizar la gobernabilidad de la ciudad y no puede ser que bajo sindicaciones de participación en política se pretenda desconocer la gravedad de sus acusaciones sobre el apoyo de grupos ilegales a la campaña del candidato Luis Pérez, a quien se le debe garantizar la presunción de inocencia.
Lo que no es posible soslayar es que las acusaciones hechas por el Alcalde Salazar no son propiamente el resultado de relaciones con personas al margen de la ley, como lo pretende hacer ver el candidato Pérez, sino todo lo contrario.
La Fiscalía General adelantó una investigación contra el actual alcalde de Medellín por presuntas relaciones con grupos ilegales, pero terminó por comprobar que no sólo eran inexistentes las pruebas contra Salazar, sino que los testigos involucrados en el proceso aseguraron que quien recibió el apoyo de grupos delincuenciales había sido otro candidato, y señalaron a Luis Pérez.
Lo que no entendemos, y eso es muy grave para la administración de justicia, es por qué el fiscal, al archivar el caso contra Salazar, no pidió la apertura de una nueva investigación, sabiendo que dio como ciertos los testimonios acopiados en el proceso. Ojalá que ahora con la entrega de las pruebas que ha hecho el actual mandatario, la justicia obre en consecuencia, pues está en peligro la futura gobernabilidad de Medellín y en entredicho la legitimidad de una candidatura.
Como sabemos de la lentitud de nuestro sistema judicial, sí creemos que los partidos políticos, los demás candidatos a la Alcaldía y los empresarios que los apoyan, deberían pronunciarse categóricamente frente a tan graves acusaciones. El rechazo a cualquier apoyo o condicionamiento de grupos al margen de la ley debe ser firme y de inmediato.
Reconociendo el poder discrecional de los partidos políticos para entregar avales, sí llama la atención que los directorios nacionales de las grandes colectividades se abstuvieran o negaran el apoyo a ciertas candidaturas. ¿Tenían información que serviría ahora para aclarar tantas dudas y cuestionamientos?
Estamos a tiempo de evitar que Medellín sufra una crisis de gobernabilidad como la que han vivido otras ciudades del país por cuenta de los malos manejos y el contubernio con grupos ilegales. Los problemas de seguridad que estamos enfrentando no se resuelven sólo con más Fuerza Pública y grandes inversiones en tecnología, sino, además de eso, con un gobernante que no haya hipotecado su legitimidad e independencia, factores indispensables para ejercer la autoridad.
No dudamos que el paso que dio el Alcalde Salazar está fundamentado en su responsabilidad política como primer mandatario de Medellín, pero sobre todo en la confiabilidad y consistencia que él mismo les dio a las pruebas presentadas ante los organismos judiciales. Le toca ahora al candidato Luis Pérez dar las explicaciones del caso y confiamos en que lo pueda hacer por el bien suyo y de la ciudad.
Es una lástima que esta campaña electoral siga brillando por las denuncias y acusaciones, y no por el debate de los programas que necesitamos para salir de la encrucijada en que estamos.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
