Parece que el asesinato de Álvaro Gómez definitivamente se quedará en la impunidad. Este crimen lo arropará la prescripción. No se ha declarado delito de lesa humanidad para evitar su preclusión. Entra en la lista de crímenes abominables que duermen el sueño de las injusticias en Colombia.
Coincide este hecho -que pone de presente la indolencia para aplicar justicia pronta y decidida en el país- con la última encuesta de Gallup en donde sale el sistema judicial maltrecho. Su imagen desfavorable llega al 71 %, contra el 24 % que aun cree en ella. Un porcentaje que cubriría de vergüenza a cualquier sociedad civilizada.
Esa desconfianza en la justicia, revelada por Gallup, tiende a agravarse. Fue elaborada y dada a conocer cuando aún no había comenzado el viaje por los Estados Unidos de toda la Sala Penal de la Corte Suprema y que se prolongará por más tiempo en otra nación vecina. Tampoco se conocía el nuevo escándalo del magistrado en el Consejo Superior de la Judicatura. Aquí sí que se comprueba aquel principio de que toda situación por mala que sea es susceptible de empeorar…
La cifra del 71 % de imagen desfavorable de la justicia colombiana no es gratuita. Cada escándalo agudiza el desprestigio que hoy sufre. Cada encuesta que se revela es el balance de la cuenta de cobro que le pasan los ciudadanos a un sistema que se ha venido agrietando. Y cuando se pierde la fe en la justicia, los Estados pueden caer en la anarquía.
Parejo con el desprestigio de los órganos que imparten justicia en Colombia aparecen en la encuesta la Fiscalía y la Contraloría. Nuevamente sus dos cabezas se trenzan en desvergonzada y pública pugna.
La mayor parte de los órganos que aplican justicia en Colombia están con una imagen de favorabilidad muy por debajo de las que tienen las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, la Iglesia Católica, la Policía, la Procuraduría, y la clase empresarial colombiana. Superan sí –y mal de muchos consuelo de tontos– al Congreso y a los partidos políticos, entidades que desde hace mucho tiempo y en todas las encuestas, han sido desconceptuadas por la opinión pública.
El Gobierno aún duda de presentar una nueva reforma a la justicia. ¿Creerá, acaso, que con más leyes se purifica? La fiebre no está en las sábanas. Quién sabe cómo iría a concebirla y hasta cuándo la defendería para que no ocurra lo que sucedió con la presentada el año pasado, que al enterarse de sus incongruencias e improvisaciones la fulminó sin rubor alguno.
Álvaro Gómez, cuyo crimen va a la impunidad -como si intuyera antes de su muerte que sería una víctima más de la injusticia-, escribió algo que debe sonar como un campanazo en el sistema judicial colombiano: "en Colombia entre el testimonio y la verdad no hay relación ninguna. Por ello la justicia puede seguir su curso sobre pirámides de juramentos falsos o de ausencia de testimonio… Mejor permitir el perjurio, abundantísimo, institucionalizado, incontrolable y por lo tanto impune. Los testimonios se procuran para llenar, para cumplir. Se toman en cuenta los que convienen dentro del ritual, y los demás se tiran por la borda…"
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