Acaba de firmarse (18 de marzo) un acuerdo político llamado "acuerdo democrático fundamental" entre los partidos y movimientos que están en la carrera presidencial.
Los diez puntos del acuerdo son fundamentales, pero la prensa -tan acostumbrada a la farándula y al escándalo- le prestó poca atención. O también porque a la prensa le gustan más las palabras que destruyen que las que construyen.
Este acuerdo tiene antecedentes. Quizás los desmemoriados no recuerden que hace exactamente siete años, el 17 de marzo del 2003 se firmó el "Acuerdo contra el terrorismo y por la vida y las libertades" que, sin duda, tuvo impacto en el aislamiento político de los grupos armados ilegales. No faltó uno que otro dirigente que siguió haciéndoles el juego, pero ese pacto se ha cumplido.
El acuerdo de esta semana necesitará un análisis más detallado, pero podemos señalar que sus artículos apuntan: primero, a refrendar la legitimidad estatal frente a los desafíos violentos; segundo, a reafirmar los principios constitucionales de la democracia liberal; y tercero, a ocuparse en términos abstractos y generales a dos fenómenos que están afectando actualmente la formación de la voluntad política ciudadana.
Respecto al tercer punto, los dos factores que yo veo son la complicidad de los partidos "con actores violentos, terroristas, mafiosos o corruptos" (punto 7) y una política exterior "guiada por el interés nacional, superando las diferencias partidistas" (punto 10).
En plata blanca y hablando en este tiempo, se trata de la presencia de las mafias y el uso de la corrupción en las campañas políticas y de la posibilidad de que algunos dirigentes le sirvan a los intereses del proyecto chavista en la política interna.
Este acuerdo debió haberse firmado antes.
La condena de varios congresistas y el desprestigio del Legislativo eran señales claras hace tiempo.
Los grandes partidos llegaron a las elecciones de marzo con rabo de paja y todos, sin excepción, metieron su contrabando al Congreso. Pero, como dice Don Francisco Paredes Herrera, "más vale tarde que nunca".
Hay dos obligaciones importantes que se derivarían de este punto.
La primera es el establecimiento de mecanismos de control dentro de los partidos, interpartidistas y parlamentarios, para que surta efecto esta voluntad política.
El país cuenta con instrumentos serios e independientes de seguimiento de la actividad de los congresistas como Congreso Visible o Transparencia Colombia.
La segunda obligación es bajar este acuerdo a la política local.
Aunque suene duro, la política de descentralización les sirvió a los grupos armados y a las mafias de todo tipo para copar el poder local y regional y desde allí crear los caminos de acceso a la política nacional.
Y no se trata de los pequeños pueblos alejados sino de las grandes ciudades.
Las denuncias que escuchamos sobre Cartagena, Cali o Bello, por ejemplo, así lo demuestran.
Apenas pasen las elecciones presidenciales empezarán a insinuarse las campañas locales para el año entrante, y esa será una prueba dura.
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