El diario El Tiempo publicó el pasado 24 de junio varias fotografías sobre el desolador panorama que está dejando el dragado de ríos en la región chocoana, un método empleado para sacar oro. Con máquinas de ese tipo extraen toneladas de arena del fondo de los afluentes, con el fin de encontrar el preciado metal. Como denunció la publicación, esta práctica está causando un daño irreparable al medio ambiente. En las imágenes captadas por el fotógrafo Mauricio Vélez, se aprecia la presencia ilegal de los aparatos que, tras su uso, dejan residuos de materiales altamente contaminantes. Residuos como el mercurio, uno de los químicos tóxicos que más perjuicios ha causado a las poblaciones y ecosistemas que rodean los territorios mineros.
La biodiversidad del Chocó es exuberante, grandiosa, un privilegio que como pocos hay en el mundo. Pero esa misma riqueza natural, se dice, ha atraído a más de 55 dragas ilegales, distribuidas en todo el territorio. Lo grave de todo esto es que en una redada de la fuerza pública decomisaron buena parte de los aparatos. Luego les fueron entregados a administraciones municipales, pero alcaldes inescrupulosos las tienen alquiladas por irrisorias sumas de dinero a personas que ilegalmente extraen el precioso metal. El 90 por ciento de la minería que se lleva a cabo en el Chocó, es ilegal.
Este preciado metal, usado tradicionalmente por nuestros indígenas para adornar su cuerpo, despertó la pasión desaforada y criminal de los españoles. Durante la conquista y la colonia buscaron ferozmente las vías para robárselo. En 300 años de esa cruzada, se incrementó en 600 por ciento la disponibilidad de oro en Europa.
La diferencia ahora es que esa lucha vulgar por conseguirlo es entre los mismos colombianos. Las bandas criminales y grupos guerrilleros se han embarcado en ese propósito, superando, desde luego, la época de extracción artesanal, para usar hoy poderosas máquinas y métodos que les causan un daño irreparable al medio ambiente, a los ríos, a la fauna y, como si eso ya no fuera bastante grave, a las poblaciones. La violencia es casi tan brutal como la de la época española.
Los bandidos modernos han convertido a estas regiones en sus santuarios de poder: allí desplazan y extorsionan a su antojo. Hay familias, mucho antes de llegar las bandas criminales, que se lo debían todo al oro, ahora no tienen nada.
En Antioquia, para no ir muy lejos, el 80 por ciento del territorio está involucrado con la extracción, y las bandas se han apoderado de la minería ilegal y de la explotación de maderas.
Sí, se han mudado de la coca al oro. Lo grave es que la legislación minera no alcanza en lo mínimo a controlar estas prácticas de desaforadas ambiciones. La intención de expedir una nueva legislación que ponga en cintura a los delincuentes parece no concretarse, lo que deja a la fuerza pública impotente para actuar contra las bandas criminales.
Hay documentos de inteligencia militar que señalan que en el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, hay más de 700 retroexcavadoras. "Equivalen a unas entradas de cerca de 2.500 millones de pesos mensuales". Eso no sólo es una economía ilegal, sino también un poderoso combustible para los grupos ilegales.
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