Las 250 acciones armadas, perpetradas en el 2011 por las Farc y el Eln, en el Catatumbo, convierten a esta zona como la segunda del país en conflictividad, después del Cauca, donde hubo 323 acciones en este mismo periodo, sostienen analistas de la Corporación Nuevo Arcoiris.
Los atentados a los oleoductos, los carrobomba activados en poblaciones y los ataques a integrantes de la Fuerza Pública, sufridos también por los civiles, obligaron al Gobierno Nacional a reforzar sus esfuerzos en combatir a los violentos en la región.
La situación es tan compleja que entre el jueves y el domingo pasado, hubo seis atentados de los grupos armados ilegales contra distintos objetivos. A esta situación se le agrega la de los líderes comunitarios de Tibú, que denunciaron amenazas en su contra por las estructuras armadas ilegales.
Camilo* es uno de esos líderes que lleva más de 15 años trabajando por la comunidad. El domingo, mientras se dirigía a comprar algunos víveres, fue interceptado por dos hombres que le intimidaron. "Si vas a seguir con esos trabajos, te vas de acá o ya sabes que te pasa".
Según el líder, estas amenazas provienen de la entrada nuevamente a la región de "los Urabeños".
Ante la situación de violencia que se vive en la zona, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, manifestó que "vamos a incrementar puestos y puntos de control en las cabeceras municipales y el control vial en las zonas de acceso", aunque no precisó el número de uniformados que llegará al Catatumbo.
Pinzón agregó que los últimos ataques de las Farc se presentaron como retaliación ante las acciones de la Fuerza Pública.
"Aquí en esta zona, como en otras del país, las Farc se dedican al narcotráfico y eso es lo que están tratando de evitar, que la Fuerza Pública tome el control y les quite esas zonas de narcotráfico", dijo Pinzón.
Zona de retaguardia
El Catatumbo es un lugar donde se asentaron desde hace más de 30 años los grupos guerrilleros, poco más de 20 los paramilitares y hasta hace 5 años las denominadas bandas criminales.
Jairo Delgado, especialista en Ciencia Política y director de Análisis del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, aseguró que este tipo de acciones se debe a que el jefe de las Farc (Rodrigo Londoño Echeverri), alias "Timochenko", "quiere minimizar el impacto de la muerte de 'Alfonso Cano'. Él quiere enviar un mensaje de que las Farc aún tienen capacidad armada para alterar el orden público".
Delgado expresó que esta región ha estado históricamente bajo el mando de "Timochenko" y con esos hechos quiere demostrar que él puede dirigir acciones militares de la guerrilla.
Para Delgado, Arauca y Norte de Santander se han convertido en una línea de retaguardia en donde lo que buscan es tratar de evitar "el aumento de la capacidad del Estado y la presencia de la Fuerza Pública que tiene repercusión en lo político. Ellos quieren rescatar el modelo caucano tratando de mantener ataques sistemáticos y de protección del ahora máximo jefe de las Farc ".
El investigador de la Corporación Nuevo Arcoiris, Luis Eduardo Celis, aseguró que no debe olvidarse que el Catatumbo es un sitio histórico del conflicto y "ha sido una zona cocalera, es una zona de frontera, por lo que hay una disputa de la propiedad rural. La intensidad del conflicto allí es alta, junto con Cauca, Arauca y el norte de Antioquia".
Celis recordó que la presencia de la guerrilla en Venezuela no es tan nueva y que "hace 20 años se pasaron los campesinos del otro lado de la frontera. El tema no es de que Chávez ahora les da amparo, la guerrilla está en Venezuela hace 30 años".
Al término del consejo de seguridad realizado ayer por el presidente Santos, en Caquetá; el Jefe de Estado denunció que las Farc tienen serios problemas de financiación debido a los golpes dados entonces "han ordenado vender el ganado para conseguir más recursos y las fincas robadas a los campesinos a través de testaferros".
Santos indicó que el alto Consejero para la Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda, va a hacer un encuentro con los alcaldes y gobernadores del país, en febrero, para coordinar los detalles de la política de seguridad ciudadana.
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