Más allá de los argumentos que siempre hemos expuesto que nos llevan a considerar que el túnel de Oriente es una obra importante, pero no prioritaria para Antioquia y el país, la decisión del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, toca un asunto de fondo que justifica plenamente la suspensión del proyecto, de momento, en forma provisional.
El Ministro es enfático al advertir que con la información disponible "no es posible determinar los impactos ambientales que la obra tendría sobre la reserva del Nare". Y esto es un asunto de clara repercusión económica, social y ecológica en cuanto al desarrollo sostenible que todos queremos para Antioquia. Se trata de la protección de un recurso vital, pues lo que está en riesgo, según el Ministerio, es el suministro de agua para Medellín y los municipios de Guarne, Envigado y Rionegro.
Esta es la razón fundamental. Y no es nueva, pues fue la inquietud que manifestaron en forma reiterada la comunidad y organizaciones ambientalistas, la Alcaldía de Medellín y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Esta última, incluso, había solicitado a Cornare suspender el inicio de las obras del túnel para permitir "un tiempo prudencial para analizar, procesar y ponderar, toda la información que se allegó en la audiencia pública".
Cornare, la autoridad ambiental regional, no suministró la información completa, según lo dijo el Ministro Pearl. Pese a que el proyecto sufrió cambios en el diseño, no se hicieron los estudios adicionales para saber cuáles eran los impactos ambientales sobre la cuenca del Nare, constituida en reserva natural en 1971.
Creemos que esta decisión tiene un fundamento técnico y que habrá, ahora sí, el rigor para evaluar el proyecto desde el punto de vista ambiental. Una revisión a todas luces justificada, pues sólo lograremos mayor bienestar protegiendo el "medio ambiente" que nos queda. La construcción de infraestructura genera progreso, pero lo que también necesitamos es un desarrollo sostenible. Eso implica ser muy cuidadosos en la protección de los recursos naturales y velar porque los proyectos no impacten ambientalmente a una región. Más aún si pueden afectar cuencas hidrográficas de las que depende el suministro de agua de varias poblaciones.
Consideramos que se trata de una actitud responsable frente a las inquietudes existentes, y que no quedaron plenamente resueltas antes de tomar la decisión de contratar la obra y antes de que el Gobernador Ramos le diera inicio al proyecto el pasado 18 de octubre. A ello se agregan los conceptos emitidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la petición de la Procuraduría General de la Nación de solicitar al Ministerio que ejerciera de oficio un control preventivo de la obra, temiendo impactos ambientales negativos. El organismo de control había hecho serios reparos al acto administrativo de Cornare, de 2002, que le daba luz verde.
Este asunto deberá quedar resuelto a cabalidad, sin que por ello se despeje la inquietud que existe en torno al real beneficio económico del proyecto, cuando existen, en materia de infraestructura vial otras prioridades en varias regiones de Antioquia, o bien para solucionar los problemas que nos impiden una comunicación ágil con los puertos o para evitar que el Departamento quede aislado. Para mencionar la más urgente, el túnel del Toyo, para agilizar la comunicación con Urabá y darle impulso al puerto que allí se proyecta. Y si se trata de otras alternativas hacia el Oriente antioqueño: la construcción de la doble calzada al aeropuerto, entre Sancho Paisa y Sajonia, mediante el sistema de valorización.
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