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Según el viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Escobar Arango, de los 54,9 billones de pesos que por mandato legal se deben invertir entre 2012-2021 en las víctimas del conflicto interno, el Gobierno Nacional ya ha cumplido, en solo tres años, con el 43 por ciento, equivalente a 23,6 billones de pesos.
Escobar, economista de la Universidad de los Andes y exsubdirector de Planeación Nacional, reconoce que ni el propio Gobierno sabía cuánto se estaba invirtiendo en las víctimas. Esa falencia también la detectó la Contraloría General de la República. El ente de control se metió al Sistema Integrado de Información Financiera del Minhacienda, se concentró en los datos que estuvieran rotulados o marcados con la etiqueta "víctimas" y al hacer la sumatoria encontró una cuantía inferior a la que estaba reportando la administración del presidente Juan Manuel Santos Calderón.
Sin embargo, Minhacienda y el Departamento Nacional de Planeación se dieron a la tarea de rastrear, entidad por entidad, cuánto se invertía en la atención de los damnificados por el conflicto. Lo que hallaron es que el dinero sí se aplicaba a esta población, pero, en unos casos, no se marcaba como tal y, en otros, no se hacía explícito porque para ello tenían que dividir un rubro general en dos y eso implicaba complicaciones desde el punto de vista presupuestal.
Gracias a ese ejercicio se vio, por ejemplo, que en la presente vigencia la atención de las víctimas cuenta con un presupuesto de 7 billones de pesos. El próximo año -si el Congreso lo aprueba- esa partida será incrementada en más de 900.000 millones de pesos.
El asunto es que una partida gruesa, del orden de 3 billones de pesos, proviene de la bolsa nacional que se destina a salud y educación de todos los colombianos. El Viceministro precisa que la Corte Constitucional ha enfatizado en que esas necesidades de las víctimas deben ser atendidas por el Estado. Inclusive, hace notar que fue la misma Corte la que autorizó al Gobierno a violar las disposiciones del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación.
Este Presupuesto, una vez aprobado, deja en una suerte de "cajones" el dinero y la posibilidad de moverlo de uno a otro "cajón" es muy limitada. La Corte, mediante la sentencia 099 de 2013 sobre atención a la población desplazada, dijo, en palabras que traduce Escobar Arango: "olvídese de esas restricciones de ley y mueva la plata de donde quiera a donde quiera, para darle cumplimiento a los temas de atención humanitaria, etc. Así lo ha hecho el Gobierno, con permiso de la Corte, para pasarle plata a la atención de las víctimas".
Por eso, aunque presupuestalmente solo sean "visibles" cerca de 2 billones de pesos en atención directa a las víctimas a través de la ACR, la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, en un año como el 2015 serían en realidad 35 las entidades estatales que ejecutarían un presupuesto de 7 billones 924.926 millones de pesos.
Más que nuevos recursos, lo que se ha hecho es focalizar parte de los existentes en las víctimas. Un ejemplo de ello, dice el viceministro, es el programa de las 100.000 viviendas gratis.
Las necesidades son crecientes y el dinero escaso. Hacienda no sabe cuánto costará la paz que se negocia en La Habana con las Farc, lo cual implica que si "cuaja" el acuerdo se precisarían dineros adicionales o habría que moverlos "de un cajón a otro".
Con un agravante: ese presupuesto tiene un faltante de 12,5 billones de pesos, que se deben cubrir con una reforma tributaria que daría un respiro hasta el 2018. Ya sea para aclimatar la paz o para financiar el posconflicto, la realidad indica, al decir de Escobar Arango, que el Minhacienda tendrá que ir a toda la sociedad para pedirle más ingresos.